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Martes, 19 de noviembre de 2019 | Año XIX | No: 6929 | CEO: Francisco J. Siller | Dirección General: Rocio Castellanos Rodríguez

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La ley de amnistia

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoEl comienzo de nuevo proyecto de gobierno como el encabezado por Andrés Manuel López Obrador, inevitablemente trae transformaciones en el ámbito jurídico que nos obligan a actualizarnos de manera constante, como es el caso de la iniciativa con el proyecto de decreto para expedir la Ley de Amnistía, enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el pasado 13 de septiembre.
Esta ley no sorprende a nadie porque es tema del que el Presidente se ha ocupado durante toda su campaña, siempre hizo referencia a la importancia de la ley, el respeto a la misma y a que nadie se encuentre por encima de ella.
Por esto resulta necesario conocer la Ley de Amnistía y recordar que no es la primera vez que en nuestro sistema jurídico contamos con ley de este tipo, pues en 1994 se expidió una a favor de todas las personas que participaron en los hechos relacionados con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, y antes, en 1978, se manejó otra con la finalidad de beneficiar a presos políticos vinculados con los movimientos sociales de los primeros años de la década de los setenta.
El concepto “amnistía” engloba un tipo de gracia que corresponde a los poderes públicos y que a diferencia del indulto, el cual se basa en razones de equidad y se concede individualmente, tiene naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario.
En el caso de la ley propuesta por el actual líder del Ejecutivo Federal, la amnistía está dirigida a grupos vulnerables por su condición económica, justifica la necesidad de instituirla en los derechos de este tipo de grupos a recibir apoyos y acciones tendientes a disminuir su desventaja social. También, en la percepción ciudadana y estadística de que existe relación inversa entre el acceso a la justicia y la condición económica de las personas, es decir, que a mayor vulnerabilidad social, más intrincado es el acceso a la justicia.
En este sentido, la Ley de Amnistía, que todavía se encuentra en la Cámara de diputados, será a favor de aquellos contra quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal en tribunales del orden federal y que no sean reincidentes en delitos como aborto, contra la salud y sedición.
La propuesta del Ejecutivo federal establece que en los casos de aborto, sólo procederá cuando la imputada sea la madre o las y los médicos que lo hayan llevado a cabo con el consentimiento de la madre.
Por delitos relacionados con la producción, transporte, tráfico, comercio o suministro de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias que determine la Ley de General de Salud, así como con la introducción, extracción o posesión simple de alguno de ellos. También a favor de quienes cultiven marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares.
Siempre que quien haya cometido esos delitos o algunos de ellos, se encuentre en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por estar discapacitados de manera permanente o cuando el delito se haya cometido por indicación del cónyuge o algún pariente y exista temor fundado, o bien si fue obligado por la delincuencia organizada o pertenezca a cualquier grupo étnico. También se propone a favor de los consumidores que hayan poseído cantidades superiores a las de la ley sólo con el fin de consumir.
Por cualquier delito a personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que no hayan contado con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua o su cultura. Por delito de robo simple sin violencia, así como por el delito de sedición o porque se le haya incitado a la comisión de otros delitos al ser parte de grupos políticos que pretenden alterar la vida institucional.
Para poder ser beneficiario de la Ley de Amnistía se deberá pedir a la Fiscalía General de la Republica que la aplique, su efecto será extinguir las acciones penales y las sanciones impuestas. La iniciativa correspondiente aún no es discutida, pero es probable que en los próximos días seamos testigos de la forma en que se apruebe y se publique.
El debate con relación a la propuesta será interesante, pues es posible que haya voces en contra, sobre todo un clima de inseguridad que ha permeado los últimos años en el país. Sin embargo, aunque restablecer la seguridad sea prioridad del gobierno, no debemos dejar de lado los otros derechos humanos de los ciudadanos, y lo que esta ley busca es precisamente garantizar el acceso de todos a la justicia, incluso a las clases más desfavorecidas.
Así es el Derecho

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