Martes, 21 de mayo de 2019 | Año XIX | No: 6748 | CEO: Francisco J. Siller | Dirección General: Rocio Castellanos Rodríguez

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updated 7:29 AM CDT, May 21, 2019
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Así es el Derecho

Así es el Derecho (16)

Ocurrencia legislativa

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoDesde el año dos mil once cuando se hizo la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el papel central de los mismos en el sistema jurídico mexicano es incuestionable, constituyen hoy el pilar de la interpretación normativa y, por lo tanto, de las resoluciones dictadas al dirimir controversias y restituir a los justiciables en sus derechos.
Nuestra Carta Magna, además de reconocer los derechos humanos, establece los principios de interpretación conforme y pro personae, así como la obligación de toda autoridad de garantizar y velar en todo momento por los derechos humanos de los ciudadanos, lo que ha llevado a actualización normativa y a nuevos parámetros para la actuación de las autoridades.
En este contexto, el pasado ocho de febrero se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se expide la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías, la cual establece disposiciones para garantizar los derechos humanos en nuestra ciudad, pero, a pesar de ser un intento loable a favor de las prerrogativas ciudadanas, llaman nuestra atención las disposiciones relativas a los desalojos o lanzamientos.
Desalojo o lanzamiento es diligencia judicial imprescindible y necesaria para restituir a un justiciable en el goce de sus derechos de propiedad privada, y solamente puede ser efectuada tras la sustanciación de un juicio y de sentencia firme, es decir, que ya no admite recurso alguno en contra.
Sin embargo, pese a que la existencia de una orden de lanzamiento presupone esos procedimientos jurídicos, la ley mencionada establece disposiciones para evitarlos o que sean consumados sólo en casos excepcionales, a fin de privilegiar el “derecho a una vivienda adecuada”.
Establece que antes de realizarse un lanzamiento, las personas a desalojar tienen derecho a no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales, y contar con las debidas garantías procesales, lo que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas a lanzar del domicilio que arrendaba.
Asienta que para que se practique una diligencia de este tipo, se debe garantizar el adecuado realojamiento de las personas desalojadas y sin recursos, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen; asimismo, las autoridades y poderes públicos de la ciudad pondrán a disposición del público la información necesaria para conocer el número de personas desalojadas de sus viviendas, el lugar y las causas de los desalojos.
Estas disposiciones deben ser ejecutadas y diseñadas por el Plan General de Desarrollo y en el Programa de Ordenamiento Territorial, con la participación de los sectores público, privado, social y académico.
Lo anterior atenta flagrantemente contra el derecho a la propiedad privada, el cual también es un derecho humano reconocido en los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva y al uso y goce de sus bienes, y que ninguna persona puede ser privada de ellos excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
También obstruyen la impartición de justicia pronta y expedita, ya que una orden de lanzamiento implica además del derecho de propiedad de un justiciable, años de juicio previo con garantías procesales para las partes, ambas oídas, y en muchas ocasiones la vencida lo es porque cometió un ilícito (como invadir un terreno) o violó leyes civiles al dejar de pagar la renta del inmueble, o simplemente no quiere salirse de una casa que le fue prestada de buena fe, situaciones que el legislador debió tomar en cuenta antes de incluir esas disposiciones en la Ley de Derechos Humanos de esta ciudad.
Además, se debe considerar que se paga impuesto al comprar una casa y también se paga gravamen si se alquila, y esto debe cumplirse sin que importe si el arrendatario paga o no la renta.
Se comprende el afán de proteger los derechos de las personas menos favorecidas, pero no por ello pueden descartarse los derechos de las personas que con base en el esfuerzo y trabajo duro llevado a cabo día a día, pueden obtener un patrimonio, incluso crear empresas y fuentes de trabajo, pues son quienes más contribuyen a nuestro país; sin duda, descartar sus derechos desincentiva las inversiones y el desarrollo.

Así es el Derechon

Nueva justicia laboral

Magistrado Élfego Bautista Pardo.

Elfego Bautista PardoEl pasado cinco de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva que da vida a nueva forma de impartición de justicia en ese rubro, la cual abarca las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social.
El primer paso firme de este cambio se dio en el año dos mil diecisiete con una reforma constitucional a los artículos 107 y 123 constitucionales, a fin de crear de tribunales laborales que dependan del Poder Judicial de la Federación y de los las entidades federativas, los cuales serán responsables de resolver las diferencias entre trabajadores y patrones, lo que hasta el día de hoy es competencia de las conocidas Juntas de Conciliación y Arbitraje, que dependen de los Poderes Ejecutivos federal y locales.
Asimismo colocó a la conciliación como requisito prejudicial y creó Centros en los que ésta se desarrolle en las entidades federativas, mientras que en el orden federal, para llevar a cabo la conciliación creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, al que le corresponderá también el registro de los contratos colectivos de trabajo, las organizaciones sindicales y todos los procesos administrativos relacionados, cuyo titular será designado por la Cámara de Senadores a propuesta del Ejecutivo Federal.
El Centro Federal de Conciliación y Registro laboral y el “Tribunal” o juez laboral empezarán a operar en la Ciudad de México en no más de dos años a partir de la entrada en vigor del decreto y al día siguiente en que se suspenda el servicio de registro en las Juntas de Conciliación y Arbitraje federal y local.
Los Centros de Conciliación locales y los tribunales de los Poderes Judiciales de las entidades federativas iniciarán actividades dentro del plazo máximo de tres años; todos deben entrar en operación en cada entidad federativa en la misma fecha.
Además de las disposiciones necesarias para el funcionamiento del nuevo esquema de justicia laboral, el decreto de reforma incorpora principios fundamentales, como el exigir el respeto a las libertades y dignidad de los trabajadores, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley, en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para todos.
Asimismo introduce el derecho del trabajador a tener acceso a la información de los conceptos y deducciones de pago, es decir a sus recibos de pago en documento impreso, cuando lo requiera; la obligación del patrón de otorgar un ejemplar del contrato colectivo al trabajador una vez que sea depositado en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y la posibilidad de que el trabajador manifieste por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla.
Esta reforma será un parteaguas en los procedimientos laborales y su implementación será de gran trascendencia, pues con ella se busca la mejora constante de la impartición de justicia a favor de los ciudadanos trabajadores o empleados, respetando en el mismo nivel los derechos de ambos.
Así es el Derecho

Feriados y vacaciones

Elfego Bautista PardoLa semana pasada los trabajadores, incluidos los de dependencias de gobierno, recibimos unos días de descanso debido a la denominada “Semana Santa”, celebración religiosa que se observa en el país por la preponderancia del catolicismo, que ha llegado a ser identificada como periodo de vacaciones. Sin embargo y pese al entusiasmo de muchos de los que esperan con ansia los “días santos”, del 15 al 19 de abril no son considerados días de descanso obligatorio por la legislación laboral.
En México los únicos días de descanso obligatorio, o feriados, son los señalados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, es decir 1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración de la promulgación de la Constitución del 17); el tercer lunes de marzo en conmemoración del natalicio de Benito Juárez; el 1o. de mayo, día del Trabajo; el 16 de septiembre, día del comienzo de la guerra por la Independencia; el tercer lunes de noviembre, día 20, por la Revolución Mexicana; el 1o. de diciembre de cada seis años, por la transferencia del Poder Ejecutivo Federal; el 25 de diciembre y los que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.
Si durante esos días los trabajadores deben de prestar sus servicios, tendrán derecho a que se les pague, además del salario que les corresponde por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, es decir, le deben pagar tres veces su salario diario. Sin embargo, esto no es procedente durante dicha semana, sin importar la religión que se tenga.
Claro está que además de los días de descanso obligatorio contemplados en la ley, todos los empleados tienen derecho a recibir días de vacaciones pagados, cuyo número depende directamente del tiempo que tengan al servicio de su empleador. Cumplido un año tienen derecho a disfrutar vacaciones pagadas, que en ningún caso podrán ser menos que seis días, y el número aumentará dos días laborables por cada año subsecuente de servicios, hasta llegar a doce. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará dos días por cada cinco de servicios.

Las vacaciones deben disfrutarse de forma continua, e incluso los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tienen derecho a un período anual de vacaciones, en proporción al número de días que trabajaron durante el año.

Debemos tener en cuenta que las vacaciones no pueden ser suprimidas a cambio de remuneración, al menos que la relación de trabajo termine antes del año de servicios, y que además los trabajadores tienen derecho a recibir una prima de por lo menos veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones.

Es importante saber que el número de días de vacaciones a que se tiene derecho puede ser mayor si se conviene en contrato individual o colectivo de trabajo, pero nunca pueden ser menos de los seis estipulados en la ley.

Aunque parezca decepcionante, no existen las vacaciones de Semana Mayor, ni las de verano ni las de Navidad, esos conceptos los adquirimos porque dichas temporadas están relacionadas con las vacaciones escolares, pero todos los trabajadores tienen derechos, y es indispensable que los conozcan tanto ellos como los patrones, esos para exigirlos y éstos para respetarlos.
Así es el Derecho

Vacaciones en semana santa

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoLa Semana Santa es un periodo meramente religioso para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el que, debido a la preponderancia del catolicismo y el cristianismo en nuestro país, ha llegado a ser una etapa del año identificado con días de asueto o vacaciones, razón por la cual muchos trabajadores esperan con ansia la llegada de esta época del año.
La realidad es que pese al entusiasmo generalizado por su advenimiento, reforzado por el hecho de que algunas dependencias de gobierno suspenden o suspenderán labores durante esta semana o dos días, ninguno de éstos es feriado, es decir de descanso obligatorio, ni siquiera los llamados jueves y viernes “santos” (18 y 19 de abril).
Los únicos días de descanso obligatorio en el país son los señalados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo: 1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero (día de la Constitución); el tercer lunes de marzo (día 21, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez); el 1o. de mayo (día del Trabajo); el 16 de septiembre (día de la Independencia); el tercer lunes de noviembre, día 20 (aniversario de la Revolución); 1o. de diciembre de cada seis años, cuando se efectúa la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; el 25 de diciembre y los que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.
Si durante esos días los trabajadores deben prestar sus servicios, tendrán derecho a que se les pague dos veces más el salario ordinario por su labor en día de descanso obligatorio, es decir le deben pagar tres veces su salario diario. Esto no es procedente durante esta semana, sin que importe la religión que se tenga.
Claro está que además de los días de descanso obligatorio señalados en la ley, todos los empleados tienen derecho a vacaciones, y el número de días de asueto depende de lo establecido en el contrato o del tiempo que tienen prestando sus servicios a su empleador; por ley, al cumplir un año trabajando tienen derecho a periodo de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y aumentará dos por cada año subsecuente de servicios, hasta llegar a doce días. Después del cuarto año, el periodo de asueto aumentará dos días por cada cinco de servicios.
Los trabajadores deben disfrutar por lo menos seis días de vacaciones; quienes presten servicios discontinuos o por temporada tienen derecho a esa prestación, pero en proporción al número trabajados durante el año.
Debemos tener en cuenta que el periodo vacacional no puede ser negado a cambio de dinero, es decir remuneración, a menos que la relación de trabajo termine antes de cumplido del año de servicios, y que además del numerario que les corresponde por el asueto, los trabajadores tienen derecho a recibir una prima de por lo menos veinticinco por ciento adicional a los salarios que les correspondan por días de vacaciones.
Insisto en la importancia de saber que el número de días de vacaciones a que se tiene derecho puede ser de mayor según lo estipulado en contrato individual o colectivo, pero nunca puede ser de menos días que los dictados por la Ley.
Aunque decepcione, se debe decir que no existen vacaciones de Semana Santa, ni las de verano o Navidad, esos conceptos los adquirimos por estar relacionados con las vacaciones escolares. Sin embargo, todos los trabajadores tienen derechos y conocerlos es indispensable tanto para ellos como para los patrones, pues uno debe exigirlos y el otro respetarlos.
Así es el Derecho

Recordando los daños del sismo

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoMás de dieciocho meses han transcurrido desde el temblor que azotó nuestro país el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el cual provocó graves daños materiales y pérdidas humanas, sobre todo en la zona centro, y nos hizo retomar consciencia de lo vulnerable que es esta ciudad capital frente a movimientos telúricos y la necesidad de emprender acciones de prevención en la construcción y mantenimiento de inmuebles.

En la ciudad de México las vidas perdidas fueron más de doscientas, aproximadamente sesenta edificios se derrumbaron, al menos cincuenta y tres mil quinientas seis viviendas fueron demolidas porque sufrieron daño irreparable, y cuarenta y seis mil setecientas setenta y nueve viviendas quedaron con riesgo de colapso. De esos números, sumados al de viviendas con alto riesgo para rehabilitación, se infiere que miles de familias sin hogar necesitan de un gran esfuerzo social y gubernamental a fin de apoyarlas.

El saber bien que vivimos en zona altamente sísmica y tantos daños sufridos, hizo y hace inevitable pensar que hubo negligencia en materia de prevención y carencia de sentido de responsabilidad de particulares al decidir y las autoridades aceptar, construir sin planeación y sin estudios correctos de mecánica de suelos obligatorios, más en zonas altamente sísmicas, y emplear materiales de baja calidad, lo que llevó incluso a demandas contra inmobiliarias, constructoras y promotores de vivienda, por delitos como fraude y, en algunos casos, homicidio culposo.

A consecuencia de esas trágicas y costosas experiencias se creó la Ley para la Reconstrucción, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que resultaran afectadas por sismos, y establecer las acciones que permitan la reparación del daño y garantizar su acceso a vivienda digna, segura, asequible; contribuir a su recuperación económica, garantizar la restitución de servicios y espacios públicos, reparar o rehabilitar el Patrimonio Cultural e Histórico dañado, garantizar el acceso equitativo a los recursos y restituir las condiciones de vida preexistentes.

Paralelamente se optó por hacer más rigurosa la legislación en materia de normas de construcción y reformar el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México y las Normas Técnicas Complementarias para la Revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones, e incluir el concepto de evaluación de seguridad estructural y el de rehabilitación, el primero para identificar daños, jerarquizar el nivel de vulnerabilidad de elementos estructurales y no estructurales y determinar el nivel de seguridad de las edificaciones; el segundo para recuperar las condiciones originales o mejorar el comportamiento de elementos y sistemas estructurales para que la edificación cumpla los requisitos de seguridad contra colapso y delimitación de daños.

Para la reconstrucción, reparación y, en su caso, rehabilitación de inmuebles dañados y la recuperación de espacios públicos, son indispensables los dictámenes de seguridad estructural, los que se han realizado en la ciudad y han llevado a identificar la gravedad de daños e incluso propiciado la reubicación de espacios de servicio público.

Ejemplo de lo anterior es el inmueble ubicado en Fray Servando número 32, propiedad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que hasta el día del sismo fue asiento de juzgados civiles y familiares de oralidad, desocupado por acertada orden del entonces presidente del pleno, Magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, tras el dictamen elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y también decidió reubicar los órganos jurisdiccionales que alojaba.

A más de año y medio del sismo y pese a los mecanismos legales y la aparente voluntad de los gobernantes para apoyar a los damnificados, aún hay mucho trabajo por hacer para garantizar sus derechos, recuperar la ciudad y, sobre todo, adoptar acciones a fin de que sea prioritaria la prevención de daños por esos fenómenos, como los que vivimos en la misma fecha en los años mil novecientos ochenta y cinco y mil novecientos diecisiete, inolvidables por su trágica estela de daños en lo moral y lo material.

Así es el Derecho.

Derecho al agua

Elfego Bautista Pardo

Magistrado Élfego Bautista Pardo

El pasado veintidós de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, instituido en junio de 1992 por resolución de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo como medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de ese recurso. La trascendencia estriba en su utilidad para la concientización social respecto de problemas de importancia general, así como un llamado a los Estados del mundo a implementar políticas y acciones para atenderlo.

Sin agua, ninguna forma de vida es posible; es esencial para el ser humano y su desarrollo, incide en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, pero nos encontramos que es recurso limitado: 70 por ciento de la superficie terrestre es agua, y de ésta sólo 2.5 por ciento es dulce, de la cual sólo 0.3 por ciento es agua superficial, la gran mayoría se encuentra en depósitos subterráneos; tiene un ciclo que le permite sanearse (biodegradación de desechos), pero lo alteran las actividades humanas, como la industrialización, la deforestación y el crecimiento de zonas urbanas.

La distribución del agua es heterogénea: mientras hay zonas en las que su presencia es vasta, en otras escasea y constituye factor de desigualdad, pues su presencia o no en una comunidad afecta a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente. Muchas comunidades carecen de abastecimiento seguro de agua potable, que llegue a las viviendas permanentemente y libre de contaminación.

En pleno siglo XXI hay millones de personas que viven todavía sin ese servicio en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo o la granja, y su lucha por sobrevivir y prosperar es más dura. Además, en diversos lugares del planeta todavía existen grupos marginados y discriminados cuando intentan conseguir y gestionar el agua potable que necesitan, esto pese a que hoy el acceso a ella es considerado derecho humano, esencial para el pleno disfrute de la vida y de los demás derechos humanos.

Por ese derecho humano se entiende la posibilidad de toda persona, sin discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, salubre, aceptable y accesible para consumo, saneamiento, preparación de alimentos e higiene personal y doméstica. El artículo 4º de la Constitución federal establece que por su condición de derecho humano el acceso al agua debe ser garantizado por el Estado, el que definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, con participación de los tres niveles de gobierno y la ciudadanía.

Pese a disposiciones jurídicas e intenciones gubernamentales para hacer efectivo ese derecho humano, la realidad es que el acceso al líquido es problema a escala mundial. La ONU calculó que 2.1 millones de personas viven sin agua potable en sus hogares, una de cada cuatro escuelas primarias no la tienen, más de 700 niños menores de cinco años mueren diariamente a causa del agua insalubre o con saneamiento deficiente, 68.5 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares para poder disponer de agua potable; además, el costo económico para acceder a ella suele ser mayor para los más pobres.

Los habitantes de la Ciudad de México, constantemente padecemos escasez de agua, problema que persistirá mientras no cobremos conciencia de la necesidad de usarla racional y racionadamente, es decir no desperdiciarla, controlemos la densidad demográfica de la capital del país y le demos la importancia y cuidado que necesita.

Podemos comenzar con acciones tan simples como cerrar la regadera o la llave mientras nos enjabonamos el cuerpo, o la cara o las manos; lavarnos los dientes con un solo vaso con agua; usar poco detergente al lavar la ropa o trastes, y atender las fugas, para lo cual se puede solicitar el servicio gratuito de plomero a la alcaldía que nos corresponda.

Aunque el acceso al agua es derecho humano, el cuidado de ella no sólo depende del Estado y los mecanismos que implemente para mejorar su captación, distribución y uso, requiere también nuestra participación disminuyendo el consumo y cuidándola, siendo conscientes de su vital importancia.

Así es el Derecho.

La revocación de mandato

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoEs indiscutible el papel primordial del Derecho para asegurar la vida en sociedad, la existencia de un orden jurídico con mecanismos indispensables para su vigencia garantiza el ejercicio de prerrogativas de la ciudadanía y el respeto a las libertades ajenas.
Sin embargo, para llegar a comprender el sistema jurídico debemos ser conscientes de la inevitable transformación de sus normas, aun las más importantes, al estar ligadas a decisiones políticas de importancia fundamental para la prevalencia del Estado.
Debido a la constante transformación del Derecho, día a día surgen controversias relacionadas con temas jurídicos que se apoderan de la atención pública, como el caso de la iniciativa de reforma para incluir la “revocación de mandato” en la Constitución, que ocasionó voces en pro y en contra. Algunas la consideraban un paso para que el presidente Andrés Manuel López Obrador busque la reelección, pero él acaba de firmar su compromiso de no hacerlo.
Se considera que la revocación de mandato es instrumento de democracia directa, por lo que no es bien vista por partidarios de la democracia representativa, imperante en los regímenes democráticos occidentales.
En perspectiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese concepto significa someter el desempeño de un servidor público de elección popular a un proceso anticipado de evaluación frente a la ciudadanía, para determinar si continúa con la confianza del electorado para ostentar el cargo; permite que los gobernados participen de forma activa en la evaluación de los servidores públicos, partiendo de la premisa de que son los afectados o beneficiados con su gestión.
A nuestro juicio, es expresión mayúscula del principio de soberanía nacional, sobre el cual descansan las repúblicas democráticas, que en la Constitución mexicana se deposita en el artículo 39, el cual establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, por lo que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno.

Se pretende insertar la revocación de mandato en la Ley Suprema del país mediante iniciativa de reforma -- que incluye novedades en la figura de consulta ciudadana-- y adiciones a sus artículos 35, 36, 41, 73, 81, 83, 99, 116 y 122.
Ya fue aprobada por dos terceras partes de la Cámara de Diputados y, para ser realidad, deberá ser votada a favor en la de Senadores y por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.
La controversial iniciativa establece que el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos podrá ser revocado mediante proceso que será convocado por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República; por el treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión y por uno por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, durante el primer periodo ordinario del segundo año de la Legislatura.
La votación se realizará el mismo día de la jornada electoral federal en la que únicamente se elija a diputados, y será vinculante por mayoría absoluta siempre que concurran a votar al menos el cuarenta por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
En materia de consulta popular, la iniciativa contempla que ésta podrá ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del uno por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, y no el dos por ciento como en la actualidad se establece.
Asimismo, disminuye de 40 a 34 por ciento el requisito de participación del total de la lista nominal y se advierte que la consulta popular no podrá realizarse en temas de restricción de derechos humanos ni las garantías de protección de éstos, las bases y tasas impositivas, los montos de financiamiento público y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Incluye que al resolver sobre la constitucionalidad de la consulta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá interpretar las disposiciones constitucionales en la materia conforme a lo que resulte más favorable al derecho ciudadano.
Aún falta mucho para que se acepte la reforma constitucional con que se concrete la revocación de mandato, pero en el contexto actual de la política mexicana podemos considerarla instrumento para hacer realidad jurídica el discurso del presidente López Obrador, que constantemente afirma que “el pueblo pone y el pueblo quita”.

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Día Internacional de la mujer

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoEl pasado ocho de marzo se conmemoró por cuadragésima cuarta ocasión el día internacional de la mujer, el que suele ser mal entendido como día festivo y se deja de lado su importancia como fecha para recordar las luchas de ellas a lo largo de la historia a fin de lograr el reconocimiento de sus derechos y que, lamentablemente, aún parecen necesarias en pleno siglo veintiuno.

Si bien hoy día la igualdad entre hombres y mujeres es realidad “legal” en la mayoría de Estados democráticos, debemos recordar que desde el inicio de las civilizaciones, ellas fueron consideradas con menores derechos que nosotros incluso entre las culturas más desarrolladas como la griega o la romana, y con menores capacidades por grandes pensadores como Rousseau y Hobbes, situación que todavía existe en diversas partes del mundo; de aquí que sea importante la existencia del “día internacional de la mujer”.

En México aún resta trabajo para lograr que los derechos de la mujer sean garantizados en todo el territorio, pese al reconocimiento constitucional de la equidad entre hombre y mujer; políticas y acciones como la inclusión de una cuota de género en la representación política y la impartición de justicia con perspectiva de género, aún existe violencia y discriminación, palpables en cosas tan simples como la brecha salarial reflejada en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el INEGI en 2018, la condición de las mujeres en comunidades indígenas y las cifras de feminicidios, que ascendieron a tres mil 607 el año pasado.

Según la Organización de las Naciones Unidas –ONU--, la finalidad de que existan días conmemorativos internacionales es sensibilizar, concienciar, llamar la atención hacia determinado tema, algún problema sin resolver, o asunto importante y pendiente en las sociedades, y que los gobiernos y los Estados actúen para resolverlo, o los ciudadanos así lo exijan a sus representantes.

El Día Internacional de la Mujer se conmemora el ocho de marzo porque desde mediados del siglo XIX ese mes enmarcó movilizaciones de féminas luchando por sus derechos, como su huelga en la industria textil de Estados Unidos en ese mes de 1857, y dos años después crearon su primer sindicato; la manifestación de quince mil mujeres en Nueva York el 8 de marzo de 1908, a fin de exigir recorte del horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil, así como la terrible muerte el 25 de marzo de 1911, de más de cien trabajadoras inmigrantes en su mayoría, en el incendio de la fábrica textil Triangle Shirtwaist, de Nueva York, que protestaban por las precarias condiciones laborales.
Esa fecha conmemorativa fue instaurada en 1910 a iniciativa de la Conferencia de Organizaciones Socialistas del Mundo, en Copenhague, y fue vigente por primera vez el 19 de marzo de 1911, pero el mundo entero la adoptó desde que el 8 de marzo de 1975, éste fue declarado Año Internacional de la Mujer.
Pese a ese día internacional para honrar las luchas femeninas y la existencia de políticas a favor de lograr equidad real de la mujer respecto del hombre, en el mundo occidental aún hay acciones pendientes para lograrla, como velar por que todas las niñas tengan educación, que tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia, poner fin a todas las formas de discriminación contra adultas y niñas en todo el mundo, eliminar todas las formas de violencia contra todas ellas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y el comercio sexual y otros tipos de explotación, y prácticas nocivas como el matrimonio infantil forzado y la mutilación genital femenina, según lo recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su publicación “Una lucha por la igualdad de género”.

El Día Internacional de la Mujer es marco ideal para pensar la situación de los derechos de la mujer en nuestro país y las acciones faltantes para garantizar la real equidad de género en un Estado en que la violencia y la discriminación son problema para gran parte de sus habitantes, sin distinción de sexo.

(Aprovecho la ocasión para reconocer la participación de señoras jueces y magistradas en la ceremonia organizada por el Instituto Mexicano de Estudios Superiores Universitarios (IMESU), con la colaboración de la magistrada Rosalba Guerrero Rodríguez, como parte de las efectuadas en el orbe para tener fresca en la mente de la Humanidad la historia de sacrificios y victorias de las mujeres para conseguir derechos e igualdad frente a los hombres. Fueron oradores la magistrada Celia Marín Sasaki y el diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México.)


Así es el Derecho.

Guardia Nacional

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoProporcionar seguridad a los habitantes del país es quizá la labor más importante del Estado, el que a fin garantizar realmente los derechos y libertades individuales, debe ser capaz de crear las condiciones para que todos los ciudadanos desarrollemos nuestras actividades diarias: transportarnos, trabajar, atender nuestros negocios, crear empleos, llevar sustento a nuestras familias, incluso estudiar o tener alguna recreación, que cada vez son más difícil realizar sin que sintamos temor a ser víctimas de algún delito.

El sentimiento de inseguridad está constantemente en aumento, y tiene bases sólidas, toda vez que el incremento de la actividad delictiva es incuestionable, incluso las ejecuciones recorren nuestro territorio: el cuatro de marzo en Tabasco y Veracruz, el tres en Casas Grandes, el dos en Cancún, sumadas las narco-mantas, algunas de las cuales tenían amenazas a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, aunque es el mandatario con mayor legitimidad en la historia moderna del país, y así día tras día podríamos mencionar tragedias en lo que va del año, como sucede desde sexenios anteriores; el panorama actual es en gran parte, resultado de acciones fallidas del pasado.

Independientemente de la causa de ese escenario, el dos mil diecinueve tuvo comienzo violento: tan sólo en enero el Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó al menos dos mil ochocientas cincuenta y tres víctimas de homicidio doloso en el país. Es por esto que seguridad es una de las más grandes demandas a la cuarta transformación y, si ahora no se consigue, lo será para las administraciones posteriores, por lo que resulta necesario presenciar la toma de decisiones y las acciones dirigidas a abatir este mal endémico.

Advertimos que la creación de la Guardia Nacional es uno de los primeros mecanismos que servirán a la nueva administración federal para el combate a la delincuencia a fin de pacificar al país, e independientemente de las criticas y el debate generado en su entorno, esperamos que su implementación sea exitosa y nos permita ver resultados positivos. La tarea es difícil, pero todos debemos trabajar para llevarla al cabo, pues vivir en un país pacífico y seguro es deseo de todos los mexicanos.

El dictamen que dará vida a la Guardia Nacional fue aprobado en la Cámara de Senadores el pasado 21 de febrero mediante reforma a los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76 y 89 constitucionales, y su punto medular es la creación de esa institución, nueva en materia seguridad pública, y la creación del sistema nacional de información de seguridad pública a cargo de la Federación, al que ésta, las entidades federativas y los municipios, a través de las dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia.

La Guardia Nacional será institución policial de carácter civil adscrita a la Secretaría Seguridad Pública y colaborará con las entidades federativas y municipios a salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la Constitución y las leyes en la materia.

La formación y el desempeño de sus integrantes se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y, en lo conducente, a la perspectiva de género.

Su estructura orgánica y de dirección, así como las bases de la coordinación con las demás instituciones de seguridad pública y los otros niveles de gobierno, serán reguladas por las leyes que deberá expedir el Congreso de la Unión dentro de los sesenta días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto, y para que esto suceda debe de ser aprobado por la mayoría de las legislaturas locales.

El decreto ya ha sido aprobado en algunos estados y su promulgación parece inevitable, lo cual recibiremos con beneplácito porque mediante su implementación exitosa, dicho ente contribuirá a la fortaleza del Estado de Derecho y al respeto de los derechos y libertades individuales de cada uno de nosotros, nos llevará a tener la paz y seguridad que necesitamos en nuestro día a día, que es lo que busca el nuevo régimen

Así es el Derecho.

Ejecución de sentencias

Magistrado Élfego Bautista Pardo


Elfego Bautista PardoLa impartición de justicia, que resulta de someter los conflictos de particulares a juicios ante tribunales previamente establecidos y leyes generales, es una de las labores más importantes del Estado, es herramienta indispensable para alcanzar la paz social y el orden público; sólo con ella se puede evitar que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano, el imperio de la ley del más fuerte y la Ley del Talión.

Pese a la importancia de la impartición de justicia, el hecho de sustanciar un procedimiento ante tribunales hasta que se dicte sentencia conforme a ley y en respeto a los derechos humanos, algunas ocasiones resulta insuficiente para restituir al ciudadano el goce pleno de sus derechos, pues para que el individuo alcance su pretensión, la sentencia que se dicte en el juicio debe ser ejecutada, es decir el justiciable debe estar en la posibilidad de obtener todo aquello que demandó y que el juez le otorga.

La ejecución de sentencia corresponde al juez que sustanció el procedimiento en primera instancia y, dependiendo de la naturaleza del juicio, una vez que la determinación judicial es firme, es decir ya no admite recurso alguno, debe realizarse una serie de pasos para la satisfacción total de la misma; varios de ellos están definidos específicamente por la ley procesal.

Si la sentencia condena al pago de cantidad líquida, se procede al embargo de bienes, y si éstos son dinero, sueldos, pensiones o créditos realizables en el acto, como efectos de comercio o acciones de compañías que se coticen en la Bolsa, se hará el pago al acreedor inmediatamente después del embargo; si no estuvieren valuados anteriormente, pasarán a avalúo y venta en almoneda pública.

Cuando la determinación judicial condena a hacer alguna cosa, el juez otorga al condenado un plazo para el cumplimiento, según las circunstancias del hecho y de las personas, y en caso de incumplimiento puede usar medidas de apremio o comisionar a alguien más para que lo haga, y si el hecho consiste en el otorgamiento de algún instrumento o la celebración de un acto jurídico, el juez puede ejecutarlo.

Si la sentencia condena a rendir cuentas, el juez indicará al obligado un término prudente y ante quién hacerlo; si condena a dividir una cosa común y no da las bases para ello, se convocará a los interesados a una junta para que en la presencia judicial las determinen o designen un partidor, y si no se pusieren de acuerdo en una u otra cosa, el juzgador designará a persona que lo haga y señalará a ésta el término prudente para que presente el proyecto partitorio.

En caso de que la condena sea “no hacer”, la infracción será motivo de pago de daños y perjuicios al actor. Cuando en virtud de la sentencia debe entregarse alguna cosa inmueble, se procederá inmediatamente a poner en posesión de la misma a la parte que corresponda o a la persona en quien fincó el remate aprobado, practicando a este fin todas las diligencias conducentes que solicite el interesado. Si la cosa fuere mueble, al actor o al interesado indicado por la resolución se le mandará entregarlo; si se resistiere lo hará el actuario, quien podrá emplear el uso de la fuerza pública y aun mandar romper las cerraduras.

Aunque hay disposiciones legales para el cumplimiento de las sentencias y el juez cuenta con mecanismos para hacer obedecer sus determinaciones, la realidad es que miles de personas se niegan a cumplir voluntariamente las que les condenan, y la existencia de recursos y formalismos llevas muchas veces a que el procedimiento de ejecución sea incluso más largo que el propio juicio.

Las dificultades de ejecución se acrecientan en los casos que traen aparejados lanzamientos, en los cuales es necesaria la participación de la fuerza pública, misma que suele identificarse por la presencia de personal del cuerpo de granaderos en las diligencias, la que ya no se da en esta ciudad porque la jefa de gobierno decidió suprimirlo, y el justiciable y el actuario quedan sin el auxilio en diligencias riesgosas y necesarias, pese a que es obligación de la Secretaría de Seguridad pública el prestarlo al personal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Ahora que se ha extinguido el cuerpo de granaderos, deben tomarse las medidas pertinentes para que otros elementos de dicha Secretaria coadyuven de manera efectiva con el Poder Judicial y el justiciable a la ejecución de las resoluciones judiciales, lo que requiere esfuerzo de todos, pues no se puede dejar toda la carga al ciudadano y el Estado que imparte justicia debe de ser capaz de hacer cumplir sus determinaciones, pues es el único que ostenta el uso legítimo de la fuerza.

Debemos tener presente que cuando falla el apoyo de la fuerza pública o cancelan la acción antes o el mismo día, el justiciable queda con la obligación de cubrir sus honorarios a todos los “cargadores” que asistieron a la diligencia, aunque no se efectúe el lanzamiento.

Para mantener el Estado de Derecho es necesaria la participación conjunta de todas las instituciones, y una forma de conseguirlo es garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales, pues sólo mediante justicia efectiva el ciudadano continuará creyendo en las instituciones y en la necesidad de un Estado que dirima las controversias y le restituya el goce de sus derechos.
Así es el Derecho.

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