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Afirma ONG que derrame petrolero en Ecuador afectó a 150 comunidades

Quito, 18 Abr .- La Alianza por los Derechos Humanos acusó al gerente de EP Petroecuador, Pablo Flores, de minimizar el impacto del derrame de crudo ocurrido el pasado 7 de abril y aseguró que al menos 150 comunidades aledañas a los ríos Coca y Napo han resultado afectadas.

Las organizaciones sociales recordaron que el directivo afirmó sentirse optimista de que se culmine la reparación antes de la fecha estimada y “que están realizando paralelamente trabajos de contención y remediación del crudo derramado”, que afectó a “al menos siete comunidades”.

Ante estas declaraciones, la Alianza por los Derechos Humanos, consideró lamentable que se trate de minimizar el impacto del derrame y afirmó que son 150 y no siete las comunidades ribereñas afectadas que dependen de manera directa de los ríos Coca y Napo para su subsistencia, de acuerdo con información recopilada por organizaciones sociales e indígenas.

Asimismo, indicó que, a partir del derrame la ciudad de El Coca no se está abasteciendo del río puesto que se encuentra altamente contaminado por el crudo que ya llegó a territorio peruano.

Además, aseguró que existe suficiente evidencia sobre el riesgo creado por la erosión regresiva que interrumpió el flujo de la antigua cascada San Rafael y terminó por ocasionar el socavón y la ruptura de los ductos de petróleo, mismas que el Estado, EP PETROECUADOR y OCP decidieron ignorar.

Respecto a las “supuestas medidas de contención y remediación”, las 13 organizaciones que componen la alianza las calificaron como “insuficientes” y tardías, pues el ejecutivo reconoció el derrame muchas horas después, sin que a la fecha se conozca la dimensión del mismo.

“Esta injustificada demora y la falta de transparencia en la información exacerba la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las poblaciones ribereñas que continuaron realizando sus actividades de subsistencia en el río. Se han compartido imágenes que muestran a pobladores, incluyendo niños y niñas que fueron cubiertos por el hidrocarburo”, aseveraron.

A lo que se suman los reportes de las comunidades que confirman manchas de hidrocarburo en el río Napo hasta la mañana del 14 de abril, explicaron.

En este contexto, la Alianza afirmó que la declaración sobre la afectación a sólo siete comunidades evidencia la falta de información pública transparente y oportuna sobre este desastre y su magnitud; por lo que exigió a EP PETROECUADOR publicar datos y cifras exactas y transparente sobre la magnitud de la contaminación.

A la par, solicitó medidas de remediación y reparación para las comunidades afectadas, en especial para las indígenas y campesinas para quienes los ríos de la Amazonía representan su única fuente de agua y subsistencia.

Finalmente, la Alianza remarcó que es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos humanos “en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”, los cuales no pueden ser suspendidos ni limitados durante la vigencia del Estado de Excepción.

“En el contexto de medidas excepcionales por el COVID-19, el Estado debe tomar medidas urgentes para la atención de la población que resulta más vulnerable, como es el caso de los pueblos Indígenas, y evitar que otros factores externos, evitables y derivados de actividades no esenciales representen un riesgo mayor”, concluyó.

ILI/ACP

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