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Académico chileno niega que constitución vigente sea la de Pinochet

*No se requiere una nueva carta magna, sino cambios importantes en materia social, asegura

Por Enrique Crespo

Santiago, 2 Dic (Notimex) .- La constitución vigente en Chile nada tiene que ver con la del régimen de Augusto Pinochet, cuando ahora se tiene un texto que ha evolucionado en 29 años y por tanto no se requiere una nueva carta magna, afirmó el especialista chileno Víctor Manuel Avilés.

En entrevista con Notimex, el académico del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile explicó que la constitución chilena sólo requiere cambios importantes en materia social, en el sistema presidencialista y en el de seguridad.

Las protestas en Chile contra la desigualdad económica han derivado en un llamado social a redactar una nueva constitución, derivado de que la carta magna vigente es considerada una herencia política de la dictadura militar de Augusto Pinochet durante los años 1973-1990.

La constitución que se aprobó en 1980, bajo el régimen de Pinochet, tiene 129 artículos y a partir de 1990, desde que dejó el poder hasta el año 2019, aclaró Avilés, han existido casi 40 leyes de reforma constitucional que han modificado cerca de 250 artículos, algunos más de una vez.

“En consecuencia, no tenemos la constitución de la época de Pinochet, lo que tenemos ahora es un texto que ha evolucionado sustantivamente”. Pese a eso, se ha mantenido el discurso de que tiene un vicio de origen y hay mucha gente que estima que el texto requiere ser cambiado, aclaró.

La constitución chilena necesita modificaciones, pero no una nueva. Primero existe la necesidad urgente de realizar cambios en ciertas leyes sociales, para mejorar salarios, pensiones y establecer algunas prestaciones que den tranquilidad a la clase media. Eso es fundamental.

Además, es importante asegurar que la mayoría de los ciudadanos reciban efectivamente serias prestaciones del Estado. En ese sentido se debe reconocer una especie de censor ciudadano, que evite los abusos, en general, por parte del Estado frente a la ciudadanía, agregó.

En Chile surgieron diversas movilizaciones a partir del 18 de octubre pasado, después del segundo aumento del boleto del metro en el año, al pasar de 800 a 830 pesos chilenos, lo que irritó a los estudiantes y en general a la ciudadanía, que estalló en protestas con demandas por el acceso público a la salud, la educación y el retiro, y en contra de la desigualdad social.

Otras modificaciones a la constitución

Avilés consideró que también se podría avanzar en el reconocimiento de Chile como un país multicultural y, en materia de garantías sociales, se podrían reconocer esos derechos como finalidades del Estado, para obligarlo a desarrollar políticas públicas que atiendan esos sectores.

Desde el punto de vista institucional, en la constitución se debe establecer un ajuste a la relación entre el sistema presidencialista y el Congreso, porque es probable, como ahora, que en el futuro el presidente ya no tenga la mayoría que le apruebe las leyes que ha propuesto en su programa de gobierno y así tiren la posibilidad de gobernar.

Entre los ajustes que se requieren al sistema de gobierno, por ejemplo, está el establecimiento de la posibilidad de que el presidente disuelva el congreso y llame a elecciones en caso de que una legislatura esté obstaculizando todos los proyectos que presente el mandatario de la República.

Sin lugar a dudas hay cambios importantes que hacer en la constitución, apuntó, pero no llegan al punto de que sea posible, razonablemente, pensar en una nueva constitución.

Ante los señalamientos, negó que sea de corte neoliberal la carta magna de Chile, donde se han tenido gobiernos socialistas. Hace poco, los gobiernos de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) fueron, desde el punto de vista de varios sectores, de corte socialista y no fue necesario cambiar la constitución, mencionó.

En la constitución chilena no se puede negar o impedir que los particulares, la iniciativa privada, tengan algún rol en la educción o en salud y, por su parte, el Estado pueda desarrollar actividades económicas y de reglas especiales en la materia, que las ha desarrollado cuando se ha requerido, anotó.

Seguridad, represión y responsabilidad

El presidente Piñera llamó recientemente al congreso a aprobar las leyes en materia de seguridad propuestas por su gabinete en el pasado, como el proyecto con el que las fuerzas armadas protegerán los centros estratégicos y el proyecto antiencapuchados, entre otros.

En esa materia, el académico de la universidad chilena expuso que la constitución y las fuerzas armadas tienen principalmente funciones centradas de defensa interior y de seguridad nacional, y no tienen atribuciones en materia de orden público.

Entonces, el proyecto propuesto por el presidente Piñera se orienta a la seguridad nacional, que exige resguardar las instalaciones estratégicas: suministro de energía, de agua y comunicaciones, porque la seguridad nacional se puede ver amenazada en caso de que existan ataques a esas instalaciones estratégicas.

Eso no tiene que ver con que el ejército desarrolle actividades de orden público, es decir, controlar vándalos o manifestaciones, dijo, porque eso sería a condición de entrar en un estado de emergencia.

Consultado sobre, si además de las reformas, llevarían a la pacificación del país la renuncia del presidente Sebastián Piñera -quien tiene una desaprobación del 80 por ciento según la encuestadora chilena Criteria Research-, el investigador indicó que para la democracia sería sumamente grave la renuncia del presidente de la República.

Explicó que no se puede exigir la renuncia de Sebastián Piñera por la simple idea de que hay violencia en las calles, porque no se tiene la certeza de que ese sea el sentimiento mayoritario de los chilenos y sí sería un atentado contra la democracia del país.

Ante los informes de organismos internacionales sobre la “fuerza excesiva” de carabineros, policía de tipo militarizada, el académico en derecho refirió que ante los excesos lo importante es que se ha constatado la necesidad de reforzar el trabajo de los derechos humanos en el gobierno.

Señaló que en cuanto a establecer responsabilidades, a partir del informe de Human Rights Watch (HRW), ha resultado que falta preparación de carabineros desde hace muchos años en relación a protocolos en su acción, a ciertas manifestaciones, y eso explicaría también la violación de algunos derechos humanos.

En su opinión, eso excede por mucho la responsabilidad del presidente y de los ministros, porque esto indicaría, según HRW, una falta de trabajo y de programas de preparación de carabineros desde hace tiempo, lo que sería delicado porque de relacionar a Piñera, también implicaría a la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, hoy Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Mientras tanto, este fin de semana la Fiscalía de Chile informó que más de 20 mil personas han sido acusadas formalmente por diversos delitos desde el 18 de octubre y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile reportó 241 personas con lesiones oculares, de ellas cinco con pérdida ocular.

En Chile siguen las protestas porque falta un cambio social en materia salarial, en materia de pensiones, insistió Avilés, pero consideró que las manifestaciones han disminuido sustantivamente, lo que se ha mantenido son acciones diversas de grupos minoritarios.

Para regresar a la normalidad, lo primero es restablecer la paz y completar los proyectos de cambios sociales a través de leyes. Es probable que eso se vaya a lograr durante las próximas semanas porque está aumentando el consenso a nivel político.

A continuación, el proceso de creación de una constitución, que, si bien puede generar alguna incertidumbre, se va ir despejando para decidir el rumbo a seguir con la carta magna del país, finalizó el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

En abril de 2020 se realizará una consulta popular a los chilenos en la que deberán decidir si quieren o no una nueva constitución, según el acuerdo al que llegaron todas las fuerzas políticas del país el 15 de noviembre, en respuesta a las demandas sociales.

Además, también deberán señalar sobre qué tipo de órgano debería redactarla: una convención mixta constitucional (legisladores y ciudadanos) o una convención constitucional (integrantes electos para esta nueva carta magna).

-Fin-

/I/ECA/JGM

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