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49.5% de mexicanos estarán en situación de pobreza este 2020

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México, 16 Jul.- Reconstruir mejor implica hacerlo con igualdad y sostenibilidad, con un pacto social que incluya una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad, que permita alcanzar un régimen universal de protección social y de acceso a bienes públicos básicos, afirmó hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La máxima representante de la Comisión regional participó en un evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 2020 (HLPF, por sus siglas en inglés), que se desarrolla virtualmente este mes de julio, titulado La Agenda 2030 en el nuevo contexto global y regional: escenarios y proyecciones para América Latina y el Caribe en la crisis actual, que fue organizado por la CEPAL y la Misión Permanente de México ante la ONU.

Barcena expuso durante su intervención al evaluar el desarrollo de la región que la economía mexicana se desplomará 9% al cierre de este año y agregará a 9.6 millones de mexicanos más a la pobreza (tanto moderada como extrema), tal contracción es similar a la esperada para Ecuador, y por debajo de Brasil, con 9.2%; Argentina, 10.5%; Perú, 13%, y Venezuela, con 26%. También estimó que la caída del crecimiento económico generará una mayor desigualdad en la distribución del ingreso.

Estas cifras implican que casi la mitad de la población del país se encuentre en esta condición socioeconómica. El año pasado, 41.9% de los habitantes en el territorio estaban en ese segmento, pero se espera que la proporción aumente a 49.5% al cierre de este ejercicio.

Además destacó que la pobreza se agudizará en la región de América Latina y el Caribe, pues pasará de 186 millones en 2019 a 231 millones en 2020, una incorporación de 45 millones de personas más en esta condición. De ese total, 28 millones se ubicarán en pobreza extrema.

Junto a Alicia Bárcena intervinieron el Embajador Juan Ramón de la Fuente, Representante Permanente de México ante la ONU; Pilar Garrido, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica; Luz Keila Gramajo Vílchez, Secretaria de Planificación de Guatemala y Markova Concepción Jaramillo, Comisionada Presidencial para el Examen Nacional Voluntario y Representante Permanente designada de Panamá ante la ONU.

Participaron también Juan Daniel Oviedo, Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia; Rochelle Whyte, Asesora Técnica Superior del Director General del Instituto de Planificación de Jamaica y Laura Giannecchini, Coordinadora de Desarrollo Institucional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en nombre del Mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda 2030 y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Durante su intervención, Alicia Bárcena llamó a los países de la región a comprometer un régimen de protección social universal, que fue lo que falló en la crisis generada por la pandemia del coronavirus (COVID-19), con políticas universales progresivas que permitan aplicar impuestos directos a la riqueza, combatir la evasión fiscal, revisar los gastos tributarios que hoy son casi de 3,7%, y potenciar la inversión baja en carbono y alta en empleo.

Instó también a garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia con respeto a los derechos humanos con base en una gobernanza democrática y subrayó la importancia de extender el apoyo financiero a los países de ingreso medio a través de mayor liquidez (derechos especiales de giro), financiamiento concesional y alivio a la deuda, especialmente a los países del Caribe.

“Debemos avanzar hacia una mayor integración regional frente a una geografía económica global distinta”, subrayó.

La máxima representante de la CEPAL repasó el difícil contexto por el que pasa la región, que sufrirá la mayor contracción económica del último siglo con una caída del 9,1% en 2020. El comercio caerá en un 20%, mientras que las remesas disminuirán 20%. Agregó que el espacio fiscal es reducido, con una tasa tributaria de 23% versus el 34% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y una evasión fiscal muy alta que llega a 6,1% del PIB.

“Todo esto nos deja muy poco espacio para poder actuar, para poder llevar adelante nuestra tan ansiada Agenda 2030 y para avanzar en otras prioridades de la región”, expresó Alicia Bárcena.

Precisó que el desempleo aumentará del 8,1% al 13,5% agregando a 18 millones de personas que sumarán 44 millones de desempleados, mientras que la informalidad en la región es del 54%, donde 60% son mujeres.

Añadió que el impacto social será muy duro, con una pobreza de 230 millones de personas y una pobreza extrema de 96 millones de personas quienes, además, están expuestas a caer en una inseguridad alimentaria severa.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas subrayó que, para hacer frente a todos estos flagelos, la CEPAL propone un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza (147 dólares) por seis meses, con un costo de 1,9% PIB y un bono contra el hambre equivalente a 70% de una línea de pobreza extrema (57 dólares) que costaría 0,45% del PIB.

Afirmó que, según cálculos de la Comisión, se perderán 2,7 millones de empresas que representan el 19% del tejido empresarial de la región. Por lo tanto, señaló, la CEPAL propone un subsidio a micro-empresas y expansión de créditos a las pequeñas y mediana empresas sin intereses por 2 años. También la entrega de contribuciones mensuales a 15 millones de trabajadores autónomos.

Alicia Bárcena recordó que, a solicitud de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que preside México, la CEPAL puso a disposición de los países el Observatorio COVID-19, que da seguimiento a las medidas que los 33 países de la región están tomando para enfrentar y mitigar los impactos de la pandemia en siete áreas: desplazamientos en los países y entre ellos, salud, economía, empleo, protección social, educación y género.

“Este Observatorio da cuenta de todo lo que los países están invirtiendo -que es mucho-, qué tipo de medidas están tomando y cuánto les está costando en lo que se refiere a esfuerzo fiscal directo; la reorientación del presupuesto, del gasto público para fortalecer las medidas que permitan enfrentar los impactos de la pandemia”, explicó.

La alta funcionaria presentó también la Plataforma regional de conocimiento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Gateway), un esfuerzo interagencial que responde a la petición del Secretario General, António Guterres, y a la decisión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, por sus siglas en inglés) de crear centros regionales de conocimiento para responder a las necesidades nacionales relacionadas con la Agenda 2030. Se trata, explicó, de un punto de encuentro y referencia para toda la información relacionada a la agenda de desarrollo sostenible y el seguimiento de los avances y logros en su implementación.

“El análisis nos dice que tenemos una importante señal de alerta, que hay muchos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que no vamos a cumplir. Necesitamos un cambio de modelo de desarrollo alineado con la Agenda 2030, con una transición energética, conectividad digital, integración regional productiva, una economía del cuidado fortalecida y soluciones basadas en la naturaleza, siempre teniendo en mente a nuestra agenda histórica, transformadora, con visión de futuro”, concluyó.

Modificado por última vez enJueves, 16 Julio 2020 15:57
Norberto Gutiérrez

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