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Van fiscales anticorrupción por policías coludidos con crimen organizado

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Por Lucía Calderón

México.- Las fiscalías anticorrupción del país se coordinarán con la Secretaría de Seguridad federal para realizar labores de inteligencia, con el fin de compartir información acerca de mandos policíacos y agentes que pudieran estar coludidos con el crimen organizado.

Además los fiscales están proponiendo a la Comisión Anticorrupción del Senado que se elabore la Ley General de Delitos por Hechos de Corrupción, con el fin de que se delineen los ejes que debe tener esta legislación y delimitar el área de incumbencia de las representaciones estatales y la federal.

Odracir Ricardo Espinoza Valdez, presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, informó que las fiscalías trabajan en las denuncias por corrupción que reciben contra policías de todas las corporaciones, por lo que están en pláticas con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para unir esfuerzos que lleven a reducir ese tipo de delitos.

“Estamos con el ánimo de planear labores de inteligencia, de coordinación de información, para llevar a aquellos policías que estén vinculados con el crimen organizado ante la justicia, sea de cualquier mando, de menor o alto rango”, indicó.

Refirió que uno de los temas es que como fiscalías les turnan demasiados asuntos relacionados con cohecho por parte de policías y se tienen que segmentar aquellos que sean actos administrativos y los que estén relacionados con crimen organizado.

Reconoció que lo declarado recientemente por el Secretario de Seguridad en el sentido de que hay más policías acusados de corrupción que por su relación con grupos delictivos es cierto, pero no se deben descartar las redes en que están inmersos los integrantes de los cuerpos policiacos.

“Sí ha habido incidencias de denuncias de mandos policíacos que practican actos de corrupción que obedece al cohecho, a la mordida, al soborno, en que piden dinero para hacerse de la vista gorda o no cumplir con el trabajo, por lo que vamos a trabajar mucho con el secretario en labores de inteligencia y coordinación”.

Dijo que si el trabajo de detección de corrupción entre grupos policíacos involucra al crimen organizado tendrá que verlo la Fiscalía General de la República (FGR), pero ello no impide a los fiscales anticorrupción investigar y llegar a posibles conclusiones o resultados.

Espinoza Valdez añadió que en su estado están ubicados algunos de los 50 municipios donde la Secretaría de Seguridad ha detectado delitos de corrupción en las policías.

“Aquí en Sonora hay delitos que tienen mayor incidencia, ya hay denuncias pero necesitamos que den pruebas contundentes, te hablan de ciertos nombres, personajes con vínculos y nos damos a la tarea de investigar un posible hecho de corrupción, pero si es una red de policías automáticamente integramos la investigación”, aseguró.

Agregó que trabajan con algunos expedientes porque hay señalamientos en Guaymas, Obregón, Empalme y Cajeme, que forman parte de los 50 municipios a los que alude el Secretario de Seguridad federal.

“Tenemos estrategias de investigación para verificar cuánto ganan, qué tienen, cómo operan el trabajo, en qué horarios y en qué lugar están en funciones.

"Tú detectas cuando pueda haber una irregularidad, tienen un incremento patrimonial excesivo; cómo es posible que con un sueldo de ocho mil pesos tengan varios carros del año, casa en el club campestre, obviamente hay algo que no cuadra”, señaló.

La fiscalía a su cargo tiene varias investigaciones en curso contra mandos y agentes policíacos que siguen en servicio, porque mientras no se integre debidamente el expediente no pueden llevar el caso ante el juez.

Crear la ley contra delitos por corrupción

“En el país se hace necesario tener una ley que determine cuáles son los delitos por corrupción, porque hay tantas variables que a veces resulta difícil establecer la competencia. Desde la Convención de Mérida se plantea que deben tipificarse de manera puntual los delitos y la competencia de las fiscalías”, expresó Espinoza Valdez.

Refirió que esa legislación sería algo parecido a la ley electoral, donde se delimitan las funciones que se cumplen en esta área de la vida pública.

“El objetivo es llegar a un Código único, porque la legislación de Oaxaca es diferente a la de Sonora, Nuevo León o Coahuila, en esta tarea estamos trabajando todos los fiscales, los 28 que somos, éramos 29 pero falleció el de Campeche en el mes de agosto”, explicó al indicar que faltan por nombrar los fiscales de las dos Baja Californias y el de la Ciudad de México.

Por su parte, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, primer fiscal especializado en el combate a la corrupción de Jalisco, coincidió con el fiscal de Sonora en el sentido de que la legislación se quedó igual y no se tipificaron exactamente cuáles son los delitos que refieren a esta área del aparato judicial.

“En menos de dos años hemos abierto dos mil carpetas de investigación, algunas las hemos agotado, otras han sido sobreseídas, tenemos como mil 100 en proceso”, dijo.

La mayoría de las investigaciones son contra elementos de distintos cuerpos de seguridad como la policía Preventiva, la Investigadora, o contra miembros de Fuerza Única. “Las denuncias son interpuestas la mayoría por particulares, aunque hay autoridades que advierten abuso de autoridad y se da vista a la denuncia”, explicó el fiscal jalisciense.

En el decreto que reforma el Título Séptimo del Código Penal del Estado de Jalisco se estipulan las sanciones y los delitos que comete el servidor público en el ejercicio de sus funciones.

La tipología de delitos relacionados con hechos de corrupción incluye el ejercicio indebido y abandono del servicio público, abuso de autoridad, cohecho, peculado, concusión, delitos cometidos en la custodia o guarda de documentos, uso ilícito de atribuciones y facultades, enriquecimiento ilícito, delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público, y ocultamiento o falsificación de rendimientos o tráfico de influencias.

“Pero también incluyen el delito de desaparición forzada de personas y la tortura. Por lo que amerita hacer reformas a la ley para que los fiscales anticorrupción veamos los delitos que competen a esta área de incumbencia, porque, por ejemplo, estos dos últimos refieren al Poder Judicial”, indicó De la Cruz Tovar.

Las diferencias en las legislaciones estatales ameritan conformar la ley que regule las acciones que deben llevar a cabo los encargados de perseguir delitos relacionados con actos de corrupción en servidores públicos.

“Esperamos que lleguemos a conformar un solo Código que sirva para todos los estados de la República con el fin de avanzar en la lucha anticorrupción en los entes públicos, y su relación con empresas y particulares”, finalizó.

 

/LC/JRD
Modificado por última vez enMiércoles, 11 Septiembre 2019 23:02

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