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Latinoamérica, lejos de la armonía y sin rumbo político fijo

images 7Por José Gabriel Martínez

México.- El subcontinente latinoamericano está hoy lejos de la armonía socioeconómica deseada y prometida por gobernantes de una u otra inclinación ideológica, razón por la cual sus habitantes han decidido mostrar su descontento de diversas maneras.

A la ola de manifestaciones y protestas de descontento social y económico que han sacudido por estos días a Ecuador, Chile y Haití, que evidencian lo lejos que aún está la región de gozar de un ambiente armónico de estabilidad, se suman los pronunciamientos de inconformidad, fragmentación y alternancia política en las urnas de Bolivia, Argentina y Uruguay.

Las ciudadanías exigen crecimiento, desarrollo, inclusión y justicia socioeconómica, anhelos postergados una y otra vez. No lo exigen para lapsos futuros, sino para ya.

Malos tiempos para la continuidad

Con votos divididos, bolivianos, argentinos y uruguayos han dejado claro que no son buenos tiempos para la continuidad política. Ante la falta de resultados concretos en el corto plazo, que garanticen el logro del bienestar y la seguridad deseadas por todos, las preferencias o inclinaciones políticas clásicas, sean de izquierda o derecha, pasan a un plano de menor relevancia.

Atrás quedaron los tiempos recientes de relativa homogeneidad política. Durante los primeros 15 años del presente siglo la región protagonizó un inédito viraje a la izquierda, que permitió consolidar mecanismos de concertación colectiva y establecer un conjunto de metas comunes.

Si bien el viraje nunca fue unánime, favoreció un ambiente de integración y cooperación. Los gobiernos latinoamericanos, con pasados y problemas similares, comprendieron la importancia de atender con urgencia y priorizar el componente social de sus naciones.

Se abogó así, aunque no en todos los casos, por un modelo de crecimiento y desarrollo basado en la inversión social, gracias al cual millones de latinoamericanos lograron salir de la pobreza para participar activamente en la vida económica.

Sin embargo, el modelo de desarrollo izquierdista adoleció desde el inicio. Basado prioritariamente en el boom de las materias primas, cuyo fin llegó antes de que se consolidaran cadenas productivas e inversiones capaces de garantizar réditos a largo plazo, descuidó sobremanera la necesaria estabilidad macroeconómica.

El ejemplo más notorio de ello es el de la Venezuela chavista. Tras grandes conquistas sociales acompañadas por un notorio crecimiento económico, con mejor distribución y justicia social que antaño, hoy la nación enfrenta la más grave crisis económica de su historia, con unos índices de inflación y escasez que no permiten pronosticar nada positivo para el futuro inmediato.

Sumado a las debilidades económicas, más perceptibles en algunos casos que en otros, la ola izquierdista latinoamericana fue víctima por parte de muchos de sus principales impulsores de aquello que prometió combatir y desterrar: la corrupción político-administrativa.

Escándalos de corrupción afloraron en la Argentina kirchnerista y en el Brasil del Partido de los Trabajadores, al punto de que líderes fundamentales como Cristina Fernández, Dilma Rousseff y Lula da Silva han enfrentado o enfrentan acusaciones en su contra por presuntos delitos asociados al flagelo.

En el caso de Lula, en un proceso plagado de irregularidades judiciales, resulta significativo cómo fue llevado a la cárcel e impedido de contender en las elecciones presidenciales.

De tal suerte, las debilidades económicas y la corrupción acabaron con la hegemonía izquierdista. Los latinoamericanos optaron por la derecha en países como Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Honduras y Guatemala. A raíz de ello, muchos avizoraron un cambio de ciclo y un giro igual de homogéneo a la derecha.

Sin embargo, la reciente derrota de Mauricio Macri el domingo en Argentina, en beneficio del peronismo y el kirchnerismo, así como la victoria de Evo Morales en Bolivia para un cuarto mandato, acusaciones de fraude aparte, demuestran que el análisis no puede ser reducido a una ecuación de dos variables: izquierda y derecha.

El panorama electoral se tornaba complicado para Macri. Cuatro años atrás había vencido a los peronistas y puesto fin al ciclo kirchnerista, con promesas de crecimiento económico y estabilidad financiera que siempre estuvo lejos de cumplir.

Como consecuencia, aunque logró repuntar en su apoyo popular respecto a los malos resultados que su formación política obtuvo en las primarias, perdió la presidencia en favor de Alberto Fernández, lo cual significa que los argentinos no están dispuestos a decantarse por nada ni por nadie si no se producen resultados inmediatos que logren aliviar su actual crisis.

De acuerdo con datos oficiales de la jornada electoral, la coalición formada en torno a Macri, Juntos por el Cambio, obtuvo un 40.5 por ciento de los votos, insuficiente frente al 48 por ciento de el Frente de Todos de Fernández, incluso para intentar llegar a una segunda vuelta.

En declaraciones a Notimex, el doctor en Ciencia Política Juan Cruz Olmeda, argentino residente en México, manifestó que en Argentina es muy visible aún la distinción entre peronistas y no peronistas.

De hecho, sostuvo, “Macri llegó al poder gracias en parte a las divisiones que aquejaban al peronismo y a las distintas reacciones en torno a la figura de Cristina Fernández de Kirchner”. No obstante, el resultado electoral más que nada apunta a que el ya presidente saliente fue víctima del voto de castigo.

“Macri generó resultados muy distintos a los que prometió y la inflación, aunque es un gran problema de Argentina desde hace más de 10 años, se agudizó durante su gobierno”, comentó Olmeda, al tiempo que explicó que Alberto Fernández y su gobierno tendrán ante sí el “gran desafío”, superior incluso al encarado por Macri al inicio de su mandato, de alcanzar resultados en el menor lapso posible para intentar revertir la mala situación económica de Argentina.

En el caso de Bolivia, mediante una polémica repostulación y un ejercicio electoral con irregularidades denunciadas por la oposición, Evo Morales logró su continuidad en el poder para un cuarto mandato.

Contabilizada la totalidad de los votos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) boliviano ratificó que el partido Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales alcanzó el 47.08 por ciento de los votos, más de 10 puntos porcentuales por encima del 36.51 alcanzado por la formación del expresidente Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana.

La diferencia entre la votación de uno y otro ha sido lo más trascendente de la elección. De ella dependía la realización de una segunda vuelta, a la que Mesa y los suyos apostaban para desbancar a Morales, en el poder desde 2005.

Si bien el resultado final descarta ese segundo episodio del ejercicio electoral, los partidarios de Mesa se enfrentan a los de Morales en las calles de varias ciudades bolivianas, alegando fraude y exigiendo una nueva elección.

Sus reclamos son respaldados por algunos gobiernos y organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes ante el estrecho margen por el que Morales superó la brecha del 10 por ciento de diferencia sobre Mesa, y las irregularidades que se produjeron en el conteo de los votos, sugieren que Bolivia llame nuevamente a las urnas.

De cualquier forma, dando por buenas las cifras oficiales, la votación sugiere que Morales no tiene el amplio apoyo de sus mandatos anteriores. Ello, pese a ser uno de los presidentes latinoamericano de izquierda que más éxitos socioeconómicos ha cosechado.

En sus casi tres quinquenios en el poder, el celebrado presidente indígena, de ascendencia aymara, ha liderado un país cuya economía ha crecido anualmente a un 4.9 por ciento como promedio. De acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Bolivia fue el país que mayor aumento registró en su producto interno bruto (PIB) en 2018, con un incremento de 4.2 por ciento.

Asimismo, en la era de Morales, la nación andina no sólo ha tenido estabilidad política y económica, sino que también ha experimentado avances considerables en la reducción de la pobreza. De un 60 por ciento de la población que adolecía en esa condición al inicio del primer mandato del aymara, hoy la misma roza el 35 por ciento.

Sin embargo, como evidencian toda la polémica desatada por el resultado electoral y las manifestaciones en su contra, el presidente boliviano está lejos de aunar a todo el país en torno a la continuidad de su proyecto.

Variedad política con idénticas demandas

Los latinoamericanos no optan por un rumbo político fijo. La reñida elección presidencial en Bolivia y Uruguay, quizás los dos países donde la izquierda ha sido más celebrada, socioeconómicamente hablando, sugiere que las demandas trascienden lo programático e ideológico.

Así, en Uruguay, en lo que son las elecciones más disputadas en los últimos 15 años, el gobernante Frente Amplio requerirá someter su continuidad a votación en una segunda vuelta, a celebrarse a finales de noviembre.

Tras el escrutinio total de la votación, Daniel Martínez, candidato del partido en el poder, obtuvo el 39.2 por ciento de los votos, mientras que su principal rival, el centroderechista Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN), alcanzó un 28.6 por ciento.

El pronóstico para la segunda vuelta resulta arriesgado. De cualquier manera, el resultado da cuenta de una sociedad que, desempeño gubernamental aparte, dista de decidirse férreamente por un rumbo político fijo.

La nueva configuración política derivada de las recientes elecciones dibuja un mapa en extremo variado, en el que ninguna línea política tiene garantizada por sí misma la continuidad o la mayoría absoluta en el área.

Gobiernos tradicionales y nuevos de izquierda, como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, México, Argentina y Uruguay -de ganar en segunda vuelta el candidato del oficialista Frente Amplio-, deberán coexistir con los citados derechistas y los centristas de República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Panamá y El Salvador.

Todos deben asumir por igual el perenne reto de satisfacer las demandas populares, las cuales poco tienen que ver con el sello político que las gobierne o la estabilidad económica que se presuma.

Prueba de ello es Chile, que, pese a tener la economía más competitiva de la región, ha sido el país en el que con más ímpetu se han hecho escuchar los amplios sectores populares, poco beneficiados de las utilidades del crecimiento económico.

La nación austral ha sido protagonista de cerca de dos semanas de protestas continuadas, gran parte de ellas bajo los regímenes de estado de emergencia y toque de queda.

El viernes 25 de octubre, más de 1.2 millones de chilenos se manifestaron en “la marcha más grande de Chile” para alzar su voz en contra de la desigualdad social en el país y demandar reformas sociales más profundas que las anunciadas por el presidente jornadas después del estallido de la crisis.

Si bien las manifestaciones comenzaron como una protesta frente al aumento del precio del boleto del metro, ya revertido, fueron evolucionando hasta convertirse en un reclamo generalizado que exige políticas distributivas más justas. No se trata de protestas y manifestaciones sin más, sino de “una crisis de expectativas”.

Así lo definió en entrevista Emanuelle Barozet, investigadora de la Universidad de Chile, quien considera que el estallido social de su país no puede analizarse como la respuesta a una crisis económica.

“El problema es que el país está en la llamada trampa de los países de ingresos medios, que impone que, para pasar a ser algo más desarrollado o rico, tiene que afrontar una mejora de la distribución de la riqueza”, dijo Barozet.

La investigadora chilena refirió además que la situación más bien es una crisis de las expectativas, porque “el gobierno de derecha no ha cumplido todas sus promesas y no ha sabido leer las demandas sociales”, como “tampoco lo hizo el anterior gobierno”. Por ello, agregó, “las demandas se han acumulado hace 10 años y así, en la olla, ha subido la presión de esa fecha hasta ahora”.

Los gobiernos pueden seguir optando por gobernar de espaldas a los grandes reclamos, pero la ola de manifestaciones populares y los pronunciamientos en las urnas aconsejan todo lo contrario.

América Latina dista de la armonía y de pretender un rumbo político único. Como el caso chileno y el boliviano sugieren, por sólo citar dos de los ejemplos más recientes, es mejor superar las ataduras de las tradicionales etiquetas políticas y gobernar en beneficio de todos.

Crecimiento sí, pero sin descuidar la justicia social y la democracia, y sin marginar económica o políticamente a sector alguno, es la lección que parecen dar las manifestaciones políticas recientes.

/JGM/EDMS
Modificado por última vez enMiércoles, 30 Octubre 2019 06:39

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