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LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoHace un par de días escuché que ciertos policías de investigación se negaban a una diligencia en las instalaciones de Ciudad Universitaria, pues los funcionarios de ese género tienen muy en mente que una investigación a cargo de la agencia especializada de la Procuraduría capitalina en la estación terminal CU del Metro, el catorce de noviembre de dos mil catorce, terminó en enfrentamiento entre estudiantes y policías, del que resultaron un auto incendiado por estudiantes, y uno de éstos herido por un disparo.
Independientemente de las responsabilidades por ese suceso, en diversas ocasiones hemos sido testigos de las dificultades que entraña para las autoridades locales e incluso federales, su presencia en las instalaciones de nuestra gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual soy orgullosamente egresado, lo que hoy me motiva a referirme a la autonomía universitaria, causante de tan diversas interpretaciones y confusiones.
La autonomía universitaria es un principio establecido en el artículo tercero de la Carta Magna para otorgar protección constitucional especial a la universidad pública, a efecto de que pueda cumplir su deber y la responsabilidad social de proveer a los jóvenes educación superior de calidad.
Su finalidad en sí es proteger las condiciones necesarias para la satisfacción del derecho a la educación superior y, en este sentido, constituye garantía institucional de ese derecho. Tiene carácter exclusivamente instrumental y no es un fin en sí misma, por lo que es valiosa sólo en la medida en que maximiza el derecho humano a la educación superior, y es un medio para ejercer la libertad de cátedra, de enseñanza y estudio de todas las corrientes del pensamiento e ideologías.
La autonomía se otorga a la universidad pública mediante acto legislativo, y no implica que sea disgregada de la estructura estatal, pues se desarrolla en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, aunque las faculta para gobernarse por sí mismas mediante sus propios órganos.
Esa libertad tiene tres vertientes: facultad de autorregulación, la cual implica que la universidad pública aprueba por sí misma la legislación y normatividad que regula sus relaciones internas, siempre que se ajusten al orden jurídico nacional; facultad de auto organización académica, que le permite fijar sus planes y programas de docencia, de investigación y de difusión de la cultura, así como establecer los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y facultad de autogestión administrativa, que le facilita libre manejo del presupuesto asignado por el Poder Legislativo y de los ingresos que ella misma genera, pero con la obligación de rendir cuentas y de transparencia en la información.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la considera garantía institucional del derecho a la educación superior, que no debe confundirse con los derechos fundamentales de las personas físicas que la integran, como el derecho a la educación superior, a la libre investigación y discusión de las ideas o a la libertad de cátedra, por lo que no es válido considerarla como derecho humano de una persona jurídico-colectiva que deba ponderarse con los derechos humanos de sus miembros.
Queda claro que la autonomía universitaria como principio constitucional sirve al eficiente desarrollo de las facultades y atribuciones que las universidades públicas tienen para garantizar el derecho a la educación superior, pero no implica que sus trabajadores, estudiantes o territorios sean ajenos a las leyes locales, estatales o federales; la autonomía es de carácter interno y para el desarrollo de sus actividades académicas, administrativas y de gobierno, no razón para que ninguna autoridad, sea estatal o local, tenga restringido el libre desarrollo de sus atribuciones en los campus.
Las universidades públicas se desarrollan dentro del Estado, y tanto ellas como sus comunidades deben respetar la potestad estatal. Debe crearse conciencia entre la población y los universitarios de nuevo ingreso mediante cursos propedéuticos o alguna conferencia inicial, de los alcances y límites de la discutida autonomía universitaria, sobre todo dejar claro que no aplica en temas de seguridad pública: los campus no son ínsulas al margen de la ley. Repito: de la ley.
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